REFORMA IDEOLOGICA

Una profunda reforma ideológica

España está intervenida. Esto es al menos lo que se desprende de las últimas medidas aprobadas por el Gobierno, y en concreto de la reforma laboral que ha impuesto la mayoría del Partido Popular unilateralmente en aras a una supuesta “reforma del mercado de trabajo”.

Abaratar el despido, restringir la negociación colectiva al ámbito de la empresa y flexibilizar las relaciones laborales son las tres recetas que la troika comunitaria (Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional y Banco Central Europeo) ha impuesto a los países que tienen sus economías intervenidas (Grecia, Portugal e Irlanda), las mismas que el PP ha recetado para España. Parece claro que los problemas de Grecia, Portugal e Irlanda no son los mismos que los de España. Entonces, ¿por qué aplicar las mismas medidas si nuestro país no está intervenido?


Desde un punto de vista objetivo parece claro que las medidas que incorpora la Reforma Laboral para estimular la contratación buscan más abaratar el despido que crear empleo. El contrato de “emprendedores”, por ejemplo, tiene un conjunto de bonificaciones que, en principio, podríamos considerar que van en la línea de lo que se puede estimar razonable para generar empleo. El problema es que, cuando se analiza este contrato, resulta que beneficia únicamente, y mucho, a los empresarios, y no beneficia en nada, sino más bien todo lo contrario, a los trabajadores que van a ser contratados por estos “emprendedores”. En realidad el contrato encierra una doble vara de medir: las condiciones que ofrece a quienes contraten a trabajadores desempleados son muy beneficiosas para los empresarios, pero someten a esos trabajadores desempleados a un contrato precario en el que el periodo de aprendizaje de un año se convierte en una opción de despido gratuito y sin causas durante el primer año; además, mantiene un conjunto de bonificaciones fiscales y a la Seguridad Social (3.000 euros en el primer contrato y 3.300 euros más durante 3 años para menores de 30 años y 300 más si el contratado es mujer, o 3.900 euros en tres años para mayores de 45 años que lleven 12 meses desempleados, y 600 euros más por ser mujer) que benefician exclusivamente al empresario, y perjudican al trabajador en paro, ya que el empresario podrá deducirse y consumir el 50% de la prestación por desempleo del trabajador que esté pendiente de percibir. Esto significa que al emprendedor le interesará más contratar a un desempleado con paro que a uno sin paro, estableciendo una nueva discriminación dentro de la precariedad.

Pero donde más daño hace a las relaciones laborales y donde más incide la Reforma Laboral es en las medidas de flexibilidad interna, de descuelgue salarial, de descuelgue de las condiciones del convenio, de eliminación de las causas que justifican un despido, de eliminación de la autoridad admnistrativa para aprobar los Expedientes de Regulación y Empleo, de abaratamiento del despido, etc.. Y todas estas medidas no tienen nada que ver con la contratación. El mayor número de medidas que incorpora este Real Decreto va dirigido a la gestión interna de la empresa, a la salida del mercado de trabajo, y a la situación de los trabajadores mientras están contrados. No tiene nada que ver con la situación de muchos desempleados ni con la generación de empleo.

Otro aspecto que nos preocupa es que tampoco se trata de una medida provisional o temporal para hacer frente a una situación de crisis, que aunque larga terminaremos superando, como sería lógico pensar, sino una medida con carácter permanente, que ha venido a quedarse, con independencia de la crisis.

Luego, si no va a crear empleo ni es provisional, ¿para qué la reforma laboral?

Más preocupante todavía es que la reforma laboral se haya impuesto por la vía de urgencia del Decreto Ley, sin tan siquiera haber iniciado un proceso de diálogo con los agentes sociales ni haberles avanzado el contenido de la misma, dificultando con ello cualquier tipo de reacción en su contra. El Gobierno del PP ha obviado una premisa crucial de nuestra democracia, que es que cualquier reforma laboral que no venga pactada de antemano sino impuesta, está condenada al fracaso. Además, con su actitud, el Gobierno ha quebrado en dos una trayectoria de más de 30 años de concertación social en nuestro país que se ha venido demostrando útil para generar crecimiento económico y avanzar laboralmente.

Por tanto, esta reforma tiene mucho que ver con cómo concibe la derecha española más ultraliberal las relaciones laborales, una estrategia que se resume en el ordeno y mando y que viene a derribar todos los obstáculos que impiden que el empresario pueda tomar decisiones de manera unilateral, limitando al mismo tiempo al máximo la capacidad de respuesta de los trabajadores. Casi todas las medidas del Real Decreto van en esa dirección. Cualquier alternativa del trabajador a una decisión unilateral del empresario es el despido objetivo con 20 días por año de indemnización. Es decir, toda las decisiones internas las va a tomar el empresario, y cuando el trabajador no esté de acuerdo, la alternativa va a ser la de los 20 días por año. ¿Alguien puede creer, sinceramente, que de esta forma se va a generar empleo? Yo creo que va dirigida precisamente a lo contrario.

El siguiente paso en esta reforma ideológica que pretende hacer el Gobierno del PP va a ser el de acometer la reforma de la Ley de Huelga. Está claro que cualquier reforma que haga este Gobierno de la ley no va a ir dirigida a garantizar más el derecho de los trabajadores ni a proteger a los Sindicatos. Parece evidente que si se lleva a cabo una reforma de la Ley de Huelga en estos momentos va a ser para limitarla y hacerla ineficaz para el caso de que los sindicatos convoquemos, en el uso de nuestro derecho, una huelga general.

Todo esto es ya de por sí suficientemente negativo para el trabajador. Pero lo peor de todo, a mi juicio, es que el Partido Popular se aprovecha de la angustia de los desempleados y del miedo a perder su puesto de trabajo de los trabajadores con contrato en precario para imponer una reforma que perjudica a los trabajadores y no beneficia a los desempleados. No es la reforma que los desempleados necesitan para encontrar empleo. Es una reforma hecha contra los derechos de los trabajadores, una reforma profundamente ideológica.

Los votantes del PP estarán satisfechos con estas medidas aprobadas por la derecha, pero me pregunto si lo estarán todos. Supongo que no. Trabajadores en paro, desempleados sin prestaciones, mujeres jóvenes bien formadas y sin encontrar el primer empleo, personas angustiadas con la crisis que creyeron en las promesas del PP, supongo que, a la luz de este tipo de medidas que el Gobierno popular esta tomando, pensarán que esto ha sido un ¡fraude electoral! Tienen razones para pensarlo.
Por Carlos Romero González
Secretario de Política Sindical y Sectorial de MCA-UGT
http://www.elblogdemcaugt.com/trackback/20496